En la motivación de su propuesta al Ejecutivo, el CERMI señala que la legislación «no considera ninguna especificidad favorable para las mujeres con discapacidad, a pesar de las mayores dificultades y los más intensos apoyos que pueden necesitar durante el embarazo y en las primeras semanas tras el alumbramiento».

Para suplir esta laguna, el CERMI propone que se amplíe en 4 semanas el permiso genérico de 16 semanas reconocido por razón de maternidad, y llegar a las 20 semanas en el caso de mujeres con discapacidad.

 

Además de aplicarse a las personas acogidas a la Seguridad Social, esta misma modificación normativa se plantea igualmente para las empleadas públicas, mediante la reforma del Estatuto del Empleado Público.

 

La adopción de esta medida, según el CERMI, «permitiría avanzar en el apoyo efectivo al derecho a formar una familia y a tener descendencia reconocido a todas las personas con discapacidad en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de naciones Unidas, firmada y ratificada por España».